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viernes, 16 de octubre de 2009

¿El fin de nuestra República democrática, participativa y pluralista?


Al pretender establecer un “estado de opinión”, Uribe atenta directamente contra el Artículo 1o de la Constitución que define a Colombia como “un Estado social de derecho, organizado en forma de República … democrática, participativa y pluralista…”


Un aspecto fundamental del estado de derecho pluralista es el respeto a las minorías políticas y disidentes, las cuales, por definición, son incapaces de defender sus derechos mediante el proceso político.


Por esa razón, la Constitución de 1991 decreta ciertos derechos fundamentales e inviolables en contra de los cuales no se puede legislar, por mas mayoría que haya. Cualquier ley que atente contra estos derechos es por lo tanto inconstitucional e inválida.


El discurso del Presidente sobre el supuesto “estado de opinión” genera confusión respecto a lo que significa la democracia. Sus proponentes confunden la democracia participativa que tenemos con la híper-democracia directa, que es lo que quieren que tengamos.


La diferencia entre estos dos conceptos es monumental. La introducción de un estado de opinión tendría consecuencias desastrosas para las libertades de la sociedad civil.


Alentando a las mayorías que lo apoyan, Uribe intenta legitimizar una posición que viola los principios establecidos en la Constitución de 1991 y atropella el carácter fundamental de Colombia como una república de leyes. Los infundados ataques contra la legitimidad de aquella Constitución intentan desechar la institucionalidad del país y el estado de derecho sin observar el debido proceso. El Presidente se está aprovechando del apoyo de un pueblo agobiado y ansioso por acabar con la violencia para imponer su voluntad.


Esencialmente, Uribe busca implementar un sistema político populista y autócrata, similar al de Chávez y Correa.


El discurso del Presidente sienta un panorama tenebroso cuyo alcance va mucho más allá de las próximas contiendas electorales, ya que pone en peligro la inviolabilidad de todos los derechos fundamentales del pueblo colombiano.


Para entender el peligro que implica tener un estado de opinión, cabe analizar un caso hipotético que podría darse si Uribe es Presidente por tercera vez consecutiva y el próximo congreso es controlado por su partido.


Imaginemos que el Presidente, harto de que las cortes traben sus políticas y ansioso por reformar la rama judicial, proponga un referendo cuyo texto le permita controlar la corte constitucional. Supongamos que ese proyecto de referendo también incluya un par de iniciativas inmensamente populares que, por ejemplo, le garanticen a todos los colombianos servicio de salud gratuito y que impongan castigos draconianos para los asesinos de bebes. Sería posible que nuestro pueblo, atraído por las medidas populares pero confundido por el complejo carácter del texto de la reforma judicial, apruebe las tres iniciativas.


Esto le daría a Uribe vía libre para atentar contra cualquier derecho fundamental que represente una amenaza para su gobierno.


Empecemos con la libertad de expresión. Supongamos que el Presidente, apoyado por una masa que lo sigue sin condiciones y por su bancada mayoritaria en el congreso, decidiera cerrar medios de oposición que el considere traidores (como ha ocurrido en Venezuela y está ocurriendo en Ecuador). Ante tal iniciativa, la oposición minoritaria sería incapaz de defenderse mediante el proceso político. La corte constitucional, última instancia de protección para las minorías, para ese entonces en el bolsillo del Presidente, no se opondría.


Un buen día, los colombianos, sin darnos cuenta, despertaríamos en un estado totalitario digno de la obra de Orwell, impuesto por medio de la democracia directa. “Comités civiles de convivencia y cohesión social”, encomendados con garantizar la “seguridad democrática”, podrían atacar brutalmente a cualquier opositor, tildándolo de traidor, guerrillero o socialista.


El país retrocedería a aquellas épocas en las cuales gobiernos conservadores impusieron como política de estado la persecución y aniquilación del brazo democrático de la izquierda. Ante semejante McCartismo, la oposición no tendría más remedio que abandonar el proceso democrático y tomar las armas.


Rechazo vehementemente el terrorismo de la FARC, pero es evidente que nunca podremos obtener una paz duradera empleando métodos similares a los que en un principio engendraron la violencia que nos plaga hace más de sesenta años.


Si existe alguna sinceridad en el discurso de la cohesión social, Uribe debe abandonar sus ambiciones reeleccionistas y desistir de la idea de reemplazar nuestro estado de derecho con uno de opinión. En un país con tanta polarización, odio e insensatez es muy peligroso entregarle las riendas a masas tan susceptibles a la manipulación de discursos populistas y nacionalistas.


No volvamos a cometer los errores del pasado. Un estado de opinión puede que tenga aspectos democráticos, pero se asimila a la forma de democracia más barbárica: la oclocracia. Es hora de que abramos los ojos y exijamos que se respete el carácter pluralista que establece la república de leyes y que garantiza el estado de derecho.





Camilo De Guzmán Uribe

(c) El Certamen, 10-16-2009

Nota Bene: al Señor Jose Obdulio Gaviria - Por tercera vez, El Certamen acepta el reto de confrontar sus conceptos.


Nota Bene: invitamos a que los lectores opriman los links para ver que nuestro ejemplo no es una fantasía lejana, sino que al contrario esta cerca de ser una realidad.

1 comentario:

  1. A propósito del despropósito Claudia López en El Tiempo, pyblicó hace un tiempo:
    "A la pregunta de cómo se construye Estado y capitalismo democrático por fuera de las ciudades, que no ha resuelto el país en siglo y medio de vida republicana, se sumará en adelante la pregunta de cómo se restaura la democracia. Colombia podía preciarse de que, a pesar de las guerras, guerrillas y mafias, había logrado construir institucionalidad ejecutiva y legislativa, poder judicial independiente y desarrollo capitalista en el corazón urbano del país. Ya ni de eso podremos preciarnos.

    La pregunta de fondo que debe resolver ahora la Corte Constitucional no es si el referendo tuvo un trámite legal y ajustado a la Constitución. Claro está que no lo tuvo. Lo que debe resolver de fondo es cómo restablecer el modelo democrático de la Constitución, ya roto por la primera reelección y a punto de quedar en cenizas si se aprueba una segunda.

    No hay un solo paso del trámite del referendo en el que no haya una ilegalidad de por medio. La financiación se hizo con autopréstamos de contratistas y lavaderos de la mafia, como DMG. Se superaron los topes legales de financiación. Se falsificaron las cuentas. Se cambió el texto firmado por los ciudadanos y se compraron los votos para su aprobación. Y ahora se disponen a manipular el censo para pasarlo con menos votos. Tan no es una iniciativa ciudadana que nunca se vio a un ciudadano defenderla en el Congreso, sino a la aplanadora de ministros, funcionarios y congresistas del Gobierno sacándola a como diera lugar.

    Dije años atrás y reitero que creo que el mejor modelo institucional es tener periodos de gobierno cortos y una reelección inmediata. Me parece un buen balance entre continuidad y legitimidad. Nuestra primera reelección tendrá siempre dos pecados: haber sido promovida por el Gobierno en beneficio propio y no haber sido aprobada como parte de una reforma que rediseñara los controles institucionales para un Ejecutivo de 8 años y no de 4. La grave falla de la Corte Constitucional anterior fue no haber ordenado que esa reforma institucional se hiciera como condición para proceder con la primera reelección. Por lo demás, no conozco un ejemplo de régimen presidencial de 12 años o reelección indefinida con reales controles democráticos"
    Pienso que está en lo cierto...
    Alberto - "Beto"- de la Espriella

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