La lucha mundial antidroga está estructurada bajo las Convenciones de Estupefacientes de la ONU de 1961 y 1988, cuyo principal enfoque consiste en restringir la oferta de la materia prima usada para crear sustancias psicotrópicas como la cocaína y la heroína. Esta estrategia se basa en la básica premisa económica de que reducir la oferta de la materia prima para un bien normal aumenta el precio del producto final, lo cual lleva a una reducción en demanda.
Respecto a la cocaína, esta estrategia no parece estar funcionando ya a pesar de los aparentes avances del Gobierno en la erradicación de coca. Según el Reporte Mundial de Drogas publicado en 2007 por la ONU, entre 2000 y 2006 la superficie de cultivo de hoja de coca disminuyó 29%, lo que incluye una reducción de 52% en Colombia. Sin embargo, el mismo reporte indica que el consumo en América del Norte sigue estable mientras nuevos mercados se expanden de manera inquietante. En Europa el consumo ha aumentado considerablemente, duplicándose o triplicándose en varios países en el último decenio, al igual que en África y Sur América, donde también ha aumentado.
Esto se debe a que la lucha antidroga está basada en la premisa económica equivocada. Las drogas como la cocaína no son bienes normales, ya que son sustancias adictivas y por lo tanto su demanda es inelástica; es decir, el consumo no se ve muy afectado por los aumentos en precio. (Por ejemplo, si el precio de la insulina -un bien inelástico- se dispara, los diabéticos no tienen más alternativa que pagar o sufrir las consecuencias.)
Además, la demanda de la cocaína también parece corresponder a la de los bienes de lujo, que entre más caros son más deseados. Lamentablemente, en Europa y Estados Unidos la cocaína tiene una imagen misteriosa y glamurosa gracias a su representación en las películas. Los aumentos en precio le dan un tinte de exclusividad que eleva el estatus del consumidor que pueda pagar, lo cual propaga esta imagen y aumenta la demanda.
Por lo tanto, tratar de reducir el consumo mundial de la cocaína (que debería ser el objetivo) con políticas de erradicación no es factible, como lo demuestran los indicadores discordantes de la ONU, ya que subir el precio restringiendo la oferta no causa bajas en demanda. En contraste, restringir la oferta de la droga crea incentivos económicos para que aumente su producción, lo cual explica el reciente informe de la ONU que indica que los cultivos ilícitos en Colombia crecieron 27 por ciento en el 2007.
Es decir, la política que criminaliza la 'producción' de la hoja de coca y los programas gubernamentales de erradicación manual y fumigación aérea en realidad subsidia a los productores y narcotraficantes, aunque parezca increíble. El mismo presidente Uribe lo afirmó cuando aún era candidato en el año 2001. Los márgenes de los narcos nunca se ven afectados, pues cualquier aumento en costos de producción causados por la erradicación son transferidos al consumidor que prefiere pagar más que no consumir.
Aunque el año pasado España fue líder europeo y tercero en el mundo en incautaciones de cocaína, esto no impidió que se sobrepasara a Estados Unidos como el mayor país consumidor. Esto demuestra que los esfuerzos de Colombia en el tema de erradicación no tienen ni tendrán gran efecto para colmar la insaciable demanda por cocaína en los países industrializados.
Puede que esta lucha tenga efectos en relación con la lucha contra los grupos armados, pero es importante hacer esta distinción. Incluso si los programas de erradicación han contribuido a logros de la seguridad democrática, cabe evaluar cuáles son los costos para el país y las consecuencias negativas para nuestra gente y nuestros recursos ambientales.
A medida que se erradican las plantaciones de coca, los grupos productores las trasladan a partes más remotas de la selva colombiana, dejando minas antipersona en el camino. Una vez allí, para sembrar talan o queman miles de árboles que alojan ecosistemas enteros, masacrando nuestra afortunada biodiversidad y despojando a la humanidad de miles de plantas endémicas con un inmenso potencial medico y farmacéutico. Además, esa deforestación aumenta nuestras emisiones de carbono y disminuyen la capacidad de absorción mundial, incrementando el calentamiento global. A la vez, la fumigación aérea envenena la tierra y fuentes de agua, causándoles problemas de salud a nuestros campesinos y matando a sus animales, privándolos de su propiedad sin compensación.
Como si esto fuera poco, los grupos armados que siembran coca destierran a los habitantes rurales que no les colaboren, con lo que se aumentan los millones de desplazados internos que ya tiene nuestro país. Esto contribuye a la decadencia del campo, a la inequidad económica que causa el hurto de tierras, al desempleo urbano, a que se incremente el crimen en las ciudades y el poder de las mafias que controlan a los vendedores ambulantes. De hecho, hoy en día millones de colombianos viven en condiciones miserables, privados de sus derechos fundamentales y olvidados como si no tuvieran ciudadanía alguna.
Aplaudo los logros de la seguridad democrática, pero es claro que en el tema de la erradicación hay que cambiar de enfoque. Colombia no deber seguir gastando sus escasos recursos aplicando una estrategia fallida que desangra a nuestro país, destruye nuestros recursos ambientales y corrompe nuestra democracia. Los países consumidores deben asumir una mayor responsabilidad en el tema y dedicarle al menos la misma proporción de sus abundantes recursos a reducir la demanda, que es la única solución sostenible, en vez de contemplar la despenalización del consumo en sus parlamentos.
Es evidente que bajo el régimen actual hay tanta plata de por medio que por cada Pablo que matemos, habrá un Gilberto que lo remplace. Éste, al ser deportado, será remplazado por Manuel o Carlos, quienes al morir serán inmediatamente relevados por tipos tan resbalosos como 'el Jabón'. Apretar el extremo de un globo solo transfiere el aire al lado opuesto, pero no hace que el aire desaparezca. Debemos buscar soluciones sostenibles y más justas a largo plazo y estar atentos a los resultados de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que tuvo su primera reunión el 30 de abril de 2008 con asistencia de Enrique Santos Calderón, César Gaviria y Antanas Mockus.
© Camilo de Guzmán Uribe 2008-06-19
Publicado en el diario El Tiempo el 29 de junio de 2008. http://www.eltiempo.com/opinion/columna/otroscolumnistas/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-4352976.html
jueves, 15 de enero de 2009
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